En un operativo conjunto que marca un fuerte golpe a las estructuras de poder local, las autoridades de Chiapas confirmaron la detención de Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal de Cintalapa, la noche del 5 de enero de 2026. El edil, emanado de las filas de Morena, fue capturado bajo cargos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos. Sin embargo, lo más alarmante para la estabilidad regional es la línea de investigación que lo vincula directamente con grupos del crimen organizado, lo que ha derivado en la judicialización de gran parte de su cuerpo policial.
UN EXPEDIENTE QUE TRASCIENDE LA CORRUPCIÓN
La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que el arresto se efectuó en el Palacio Municipal mediante una orden de aprehensión ejecutada por fuerzas federales y estatales, incluyendo la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Aunque inicialmente se le imputan delitos administrativos graves por el desvío de fondos públicos, la investigación se ha extendido al ámbito penal federal. Se sospecha que Cruz Díaz facilitó las operaciones de grupos delictivos en el corredor fronterizo, una zona que ha visto un incremento exponencial de violencia y desapariciones en los últimos meses.
DESMANTELAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL
La caída del alcalde no es un evento aislado. De manera simultánea, las autoridades judiciales procesaron a 11 policías municipales de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, acusados de delitos de “halconeo” y uso indebido de funciones. Este operativo masivo, que incluyó la citación de más de 150 agentes, refuerza la hipótesis de que la estructura de seguridad local estaba profundamente infiltrada por la delincuencia. La detención de Cruz Díaz ocurre apenas días después de reportes sobre la desaparición de jóvenes en la región, eventos que la población vincula con la falta de protección de las corporaciones municipales ahora bajo investigación.
Ernesto Cruz Díaz, quien ejercía su segundo mandato tras ser reelegido en 2024, se encuentra actualmente a disposición del Ministerio Público en Tuxtla Gutiérrez. Su situación jurídica se definirá en las próximas horas, mientras el Tennessee Bureau of Investigation (TBI) y otras agencias continúan recopilando evidencias que podrían derivar en cargos adicionales por narcotráfico y asociación delictiva. Este caso representa una de las acciones más significativas contra la narcopolítica en el sureste mexicano al inicio de este 2026.
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