Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar más de 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito le negara un amparo. La decisión fue duramente cuestionada por Grupo Salinas, que emitió un comunicado señalando que el Poder Judicial actúa “bajo presiones políticas” y que está “avalando abusos del SAT”.
En su pronunciamiento público, la compañía calificó el fallo como “arbitrario e ilegal”, argumentando que carece de sustento jurídico y viola principios como la legalidad y la equidad tributaria. De acuerdo con Grupo Salinas, la magistrada responsable —junto con los jueces Gustavo Roque Leyva, Manuel Monroy Álvarez y Karla Fernanda Fernández Barrios— desestimó pruebas documentales, reinterpretó la ley y omitió elementos reconocidos por el marco legal.
Entre las pruebas ignoradas, la empresa menciona pérdidas fiscales reconocidas por ley, contratos mercantiles y estados de cuenta. Además, acusan que el tribunal exigió requisitos no contemplados en la normativa actual, lo que, según el grupo, evidencia una intención política detrás del dictamen.
En redes sociales, la empresa reiteró su postura: “El Poder Judicial se está institucionalizando como un mecanismo de extorsión fiscal”. También aseguró que continuará su defensa legal en instancias superiores.
Hasta el momento, ni el SAT ni los órganos del Poder Judicial han respondido públicamente a las acusaciones.
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