Un tribunal federal de apelaciones emitió un fallo decisivo este 19 de febrero de 2026, al bloquear la entrada en vigor de la ley de California que pretendía prohibir a los agentes federales, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el uso de mascarillas durante sus operativos.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la normativa estatal genera una discriminación inconstitucional al dirigirse exclusivamente a las agencias federales, eximiendo a las policías locales y estatales.
Esta resolución permite que los oficiales mantengan el uso de cubrebocas y otras protecciones faciales bajo el amparo de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que las leyes federales tienen primacía sobre las estatales en casos de conflicto jurisdiccional.
La ley en disputa, denominada “No Secret Police Act”, fue impulsada por la legislatura californiana y ratificada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2025.
El objetivo primordial de la medida era fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, argumentando que el rostro cubierto de los agentes durante arrestos y redadas de inmigración socava la confianza pública y dificulta la identificación de funcionarios en casos de mala praxis.
Sin embargo, la administración federal y la fiscal general, Pam Bondi, han defendido el uso de estas protecciones como una medida de seguridad vital para los agentes. Según el Departamento de Justicia, el anonimato es necesario para prevenir el “doxing” —la filtración de datos personales en internet— y proteger la integridad física de los oficiales ante posibles represalias de organizaciones criminales.
Este revés judicial para California se produce en un momento de alta fricción política entre el estado y el gobierno federal en materia migratoria. Mientras que los grupos de derechos civiles sostienen que el uso de máscaras infunde miedo en las comunidades vulnerables y permite a los agentes actuar con impunidad, los sindicatos de fuerzas del orden federales insisten en que la ley estatal era un intento directo de obstaculizar sus funciones.
El Noveno Circuito, al emitir esta suspensión total, ha dejado claro que el estado no tiene la autoridad para regular de manera selectiva el equipo táctico de los empleados del gobierno de Estados Unidos, protegiendo así la operatividad de ICE en territorio californiano.
La decisión representa una victoria temporal significativa para las agencias federales, permitiéndoles continuar con su labor operativa habitual sin las restricciones de visibilidad impuestas por el estado.
El proceso legal continuará su curso con una serie de argumentos orales programados para los próximos meses, donde se debatirá la constitucionalidad definitiva de la “No Secret Police Act”. Por ahora, los agentes en California podrán seguir cubriendo sus rostros, manteniendo el equilibrio entre su seguridad personal y las funciones de control migratorio, en lo que promete ser uno de los casos judiciales más relevantes sobre soberanía estatal versus autoridad federal en 2026.
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