La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano de justicia del país, concedió una suspensión al Gobernador Samuel García que impide al Congreso local —dominado por opositores del Mandatario— separarlo del cargo o inhabilitarlo para el servicio público mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional que él mismo promovió contra el juicio político iniciado en su contra.
La medida fue otorgada por la ministra María Estela Ríos el pasado 8 de julio y notificada ayer mediante la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.
Con esta resolución, el máximo tribunal detiene la ejecución de la ofensiva legal que buscaba destituir al Gobernador, aunque el procedimiento legislativo puede continuar su trámite. El juicio político fue promovido a partir de una denuncia presentada por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien acusa al mandatario de presuntos actos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros hechos.
“Se procede a conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional”, estableció la Corte en su resolución.
El máximo tribunal argumentó que ejecutar una eventual sanción antes de resolver el fondo del asunto afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de gobierno del titular del Ejecutivo estatal, lo que podría generar un daño de difícil reparación, pues el tiempo de no ejercicio de un cargo de elección popular no es recuperable.
“Es importante reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo”, precisó la SCJN.
Esta es la segunda protección judicial que obtiene el Gobernador en menos de una semana. El pasado 8 de julio, la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa Federal, Tania Virginia Neri Borjas, le otorgó una suspensión provisional en un amparo a título personal, al considerar que el expediente integrado por el Congreso carecía de elementos probatorios suficientes: contenía únicamente una copia de la credencial para votar de Alcocer y un recorte periodístico.
La diputada local del PRI Lorena de la Garza aseguró que la resolución de la Corte no detiene el juicio político y pidió no dejarse llevar por versiones contrarias.
El Congreso puede impugnar la suspensión mediante reclamación ante el Pleno de la Corte, aunque existen múltiples precedentes en los que se ha frenado la posible destitución de Gobernadores por juicios políticos.
