A diferencia de la tendencia restrictiva adoptada por diversas naciones de Occidente, el gobierno de Japón descartó la implementación de un veto generalizado a las plataformas de redes sociales para menores de 16 años. Un panel de especialistas dependiente del Ministerio de Asuntos Internos nipón determinó que una prohibición tajante resultaría “indeseable”, inclinándose en su lugar por fortalecer los mecanismos de verificación de edad, activar parámetros de seguridad por defecto y promover la alfabetización digital en las escuelas.
Especialistas académicos en seguridad infantil y sociología, como Nagayuki Saito y Kensuke Suzuki, advirtieron que restringir el acceso de forma absoluta priva a los jóvenes de herramientas de comunicación fundamentales y podría empujar a las poblaciones más vulnerables —como menores en situación de vulnerabilidad o en aislamiento físico— a espacios virtuales clandestinos de mayor riesgo. No obstante, las autoridades contemplan evaluar hacia finales de 2026 la necesidad de un marco regulatorio que obligue a las compañías tecnológicas a desactivar funciones persuasivas, como la reproducción automática o el desplazamiento infinito.
El debate asiático contrasta de manera directa con los reveses y movimientos regulatorios en otras latitudes del globo. Mientras Australia avanza en la aplicación estricta de vetos por edad, en Francia el Consejo Constitucional frenó la ley que prohibía las redes sociales a menores de 15 años, argumentando que la normativa vulneraba la libertad de expresión y carecía de garantías jurídicas claras para validar la identidad de los usuarios, obligando al Ejecutivo de Emmanuel Macron a reestructurar la propuesta.
Por su parte, el escenario en México ha comenzado a enfocar la discusión en el diseño algorítmico y la arquitectura de las plataformas. Autoridades educativas y gubernamentales abrieron mesas de análisis para evaluar el impacto que las herramientas persuasivas digitales generan en la salud mental de niños y adolescentes, de la mano con iniciativas locales en 11 entidades federativas que ya han comenzado a limitar el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles escolares.
