El tejido social de la Isla del Encanto ha vuelto a manifestarse en las arterias viales de su capital para repudiar la vigencia del organismo financiero que rige los destinos macroeconómicos del territorio. Centenares de ciudadanos, convocados por colectivos sindicales, frentes estudiantiles y organizaciones comunitarias bajo la consigna unificada de “Pa’ fuera la Junta”, marcharon de forma enérgica hacia los complejos de oficinas de la Junta de Supervisión y Administración Financiera en San Juan.
El despliegue de movilización civil se produce en el marco fáctico del décimo aniversario de la promulgación de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), un mecanismo estatutario impuesto por el Congreso de los Estados Unidos en 2016 cuya misión declarada de reestructurar la deuda soberana es catalogada por los manifestantes como un ejercicio de subordinación colonial y estrangulamiento presupuestario.
La fisonomía de los reclamos sociales se sustenta en la fiscalización de los severos recortes y las políticas de privatización que el ente fiscal ha impuesto al presupuesto público durante la última década, afectando directamente la operatividad de los servicios esenciales del Estado libre asociado. Las pancartas y arengas denunciaron la clausura sistemática de cientos de planteles escolares de nivel básico, el desmantelamiento financiero de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la precarización del sistema de salud pública y la reducción punitiva en los fondos de pensiones para los sectores jubilados y la clase trabajadora.
A los ojos de las plataformas civiles, la gestión de la Junta ha priorizado los márgenes de ganancia de los fondos buitre y acreedores transatlánticos, anulando de forma sistemática la autonomía legislativa del gobierno local para imponer un régimen de austeridad que precariza la calidad de vida en la isla.
La tensión callejera coincidió de forma crítica con el anuncio institucional de la Junta sobre la formalización de una propuesta de acuerdo por un monto de 3,000 millones de dólares con los tenedores de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un movimiento operativo orientado a destrabar el último gran bloque de la deuda pública insular. Lejos de apaciguar los ánimos, esta resolución encendió los debates en los tableros de análisis económico debido a que los colectivos ciudadanos advierten que el pacto financiero indexará cargos fijos adicionales en las facturas de consumo energético, encareciendo un servicio que ya se posiciona como uno de los más onerosos e inestables bajo la jurisdicción estadounidense.
Mientras los portavoces de la Junta reiteran en sus informes periciales que estas medidas constituyen el único canal fáctico para restablecer el acceso de Puerto Rico a los mercados de crédito globales, la feligresía social promete intensificar la resistencia en el espacio público, sentenciando que la verdadera estabilidad del país no se recuperará en las pizarras financieras, sino devolviendo la soberanía fiscal a sus instituciones democráticas.
