Nicolás Maduro Moros, el depuesto Presidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores, se declararon no culpables este lunes ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, en el proceso penal promovido por Estados Unidos.
La audiencia inicial se realizó ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos enfrentan una serie de cargos federales que incluyen conspiración para narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas, según las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia estadounidense.
Maduro, de 63 años, compareció en la sala de audiencias con traductor y, al ser preguntado cómo respondía a los cargos, dijo a través de un intérprete: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo Presidente de mi País”.
Por su parte, Cilia Flores, identificada como diputada y quien fue trasladada junto con su esposo, también declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan.
Su defensa indicó que Flores presentaba lesiones físicas tras su detención, incluida preocupación por posibles fracturas o contusiones, pero no solicitó libertad bajo fianza en esta fase del proceso.
Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 en una operación que combinó elementos militares y policiales en Caracas.
La captura se produjo en el contexto de acusaciones de que ambos habrían dirigido una vasta red para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, presuntamente vinculada con grupos criminales internacionales.
Tras su detención, la pareja fue trasladada a Nueva York y recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerá hasta la próxima comparecencia fijada por la corte para el 17 de marzo de 2026.
Los abogados de Maduro argumentaron ante la corte que su cliente podría gozar de inmunidad como Jefe de Estado, un punto que probablemente será parte central de las próximas maniobras legales.
El equipo legal también anticipa presentar recursos que cuestionen la legalidad de la operación de captura y traslado, en medio de debates intensos sobre derecho internacional.
Mientras tanto, fuera de la corte se registraron protestas de ambos bandos: seguidores de Maduro denunciaron lo que califican de una detención “ilegal” y una “abducción”, mientras que otros respaldaban la acción estadounidense como un paso contra el narcotráfico.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido convocado para discutir preocupaciones sobre la legalidad de la operación, mientras que líderes regionales han expresado tanto apoyo como rechazo a la acción estadounidense.
