El fútbol argentino ha entrado en un estado de parálisis absoluta tras la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de ratificar este martes, 3 de marzo de 2026, un cese total de actividades. La medida, que cuenta con el respaldo unánime de los clubes de la Liga Profesional y del Ascenso, implica la suspensión definitiva de la novena fecha del Torneo Apertura, así como de todas las categorías juveniles y promocionales programadas entre el 5 y el 8 de marzo.
Esta drástica resolución surge como una respuesta directa a la avanzada judicial que encabeza el juez Diego Amarante, quien ha citado a declaración indagatoria al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, imponiéndoles además la prohibición de salir del país.
El núcleo del conflicto reside en una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la cúpula de la AFA de una presunta apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social por un monto que supera los 19,300 millones de pesos (aproximadamente 14 millones de dólares). Según la investigación, la entidad habría retenido estos fondos a los clubes y empleados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, utilizándolos supuestamente para financiamiento propio en lugar de ingresarlos al fisco.
Por su parte, la defensa de la AFA sostiene que no existe deuda exigible y que los pagos se realizaron de manera voluntaria antes de sus vencimientos, calificando el proceso como una maniobra política del Gobierno para forzar la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
La suspensión de la fecha 9 ha generado un sismo en el calendario deportivo. Tras la reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza, se ha determinado que los partidos postergados se reprogramarán para el fin de semana del 3 de mayo, justo antes del inicio de los playoffs. Esta decisión busca evitar el colapso del cronograma en un semestre ya de por sí apretado por las competencias internacionales.
Mientras tanto, el clima de tensión institucional alcanza niveles históricos, con sectores de la política y la justicia denunciando el paro como un “mensaje mafioso” destinado a condicionar el avance de las causas penales contra la dirigencia.
Este paro representa la acción de protesta más contundente del fútbol argentino en la última década y subraya la fractura total entre el ente rector del deporte y el Poder Ejecutivo. Con los hinchas como rehenes de una disputa que mezcla lo tributario con lo ideológico, el futuro del Torneo Apertura queda supeditado al avance de las declaraciones indagatorias previstas para esta misma semana. En un país donde el fútbol es una cuestión de Estado, la detención de la pelota en este 2026 marca un punto de no retorno en la lucha por el control y la transparencia del deporte más popular de Argentina.
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