La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León ha cerrado cientos de investigaciones contra elementos policiales acusados de actos de corrupción mediante acuerdos reparatorios y perdones legales, sin que se haya dictado una sola sentencia condenatoria.
Tras el robo de un celular por parte de una agente ministerial, el Fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza informó que durante 2025 la dependencia recibió mil 264 denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción en corporaciones policiales.
Sin embargo, ninguna derivó en una sentencia penal.
Según el funcionario, 842 carpetas de investigación fueron concluidas mediante acuerdos reparatorios o por el perdón de la parte afectada, mientras que el resto permanece en trámite.
Entre enero y mayo de 2026 se han acumulado otras 389 denuncias por conductas similares, aunque tampoco existe hasta ahora alguna resolución condenatoria.
Bajo el criterio expuesto por la propia Fiscalía Anticorrupción, el robo del iPhone 16 Pro Max por parte de una policía ministerial en un depósito de Allende podrían resolverse mediante la devolución del bien sustraído o acuerdos económicos con la víctima.
“El año pasado no hubo ninguna sentencia. No tenemos por qué nosotros… lo que estamos buscando es la satisfacción. El objetivo del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es llegar a un entendimiento”, declaró Garza y Garza.
Las cifras encendieron críticas entre legisladores y especialistas, quienes advierten que el uso recurrente de acuerdos reparatorios en casos de corrupción policial puede enviar un mensaje de impunidad dentro de las corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley.
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, consideró necesario revisar la legislación vigente para evitar que los casos de corrupción cometidos por elementos de seguridad concluyan únicamente mediante mecanismos alternativos de solución, sin sanciones ejemplares que inhiban la repetición de estas conductas.
