Por segunda ocasión consecutiva, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) rechazó la propuesta de su presidenta para ocupar la Secretaría Ejecutiva del organismo.
Con seis votos en contra y solamente uno a favor, los consejeros rechazaron la designación de Jesús Cantú Escalante, al considerar que sus antecedentes políticos recientes podrían afectar la percepción de imparcialidad del Instituto.
Aunque durante la sesión se reconocieron la experiencia y trayectoria electoral de Cantú, consejeros cuestionaron su participación en la campaña presidencial de Morena, su paso por el Gobierno federal y su cercanía con Tatiana Clouthier.
Cantú trabajó con Clouthier cuando ésta encabezó la Secretaría de Economía y ha mantenido una relación cercana con la ex funcionaria, mencionada como posible aspirante de Morena a la Gubernatura de Nuevo León en 2027.
La propuesta fue presentada por la presidenta del IEEPC, Beatriz Camacho, quien votó en solitario a favor. Martha Martínez, María Guadalupe Téllez, Alejandra Esquivel, Carlos Piña, Michael Banda y Diego Gómez votaron en contra.
El rechazo representó el segundo intento fallido para nombrar Secretario Ejecutivo. El pasado 5 de agosto también fue desechada la propuesta de Lourdes López, ex consejera del entonces Instituto Federal Electoral.
Ante los dos rechazos, se perfila que Camacho designe directamente a una persona encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, quien podría permanecer en esa responsabilidad mientras se construye un nuevo consenso dentro del Consejo.
Representantes de MC y Somos pidieron rechazar a Cantú por considerar que no estaba garantizada su neutralidad, mientras representantes del PAN, PRI y Morena se pronunciaron a favor de su nombramiento.
Antes de la sesión, alrededor de 40 personas se manifestaron con pancartas que mostraban una fotografía de Cantú junto a Clouthier y lanzaron consignas contra su eventual designación: “¡Quieren controlar el proceso electoral!”.
Camacho lamentó que no se alcanzara un acuerdo y denunció presiones públicas hacia los consejeros, mientras integrantes del propio Consejo rechazaron haber recibido instrucciones y defendieron la autonomía de su decisión.
