El Gobierno de Nuevo León publicó los montos de las participaciones federales y estatales por un total de 4 mil 487 millones de pesos transferidos a los 51 municipios, luego de que 18 Alcaldes reclamaron presuntos adeudos acumulados desde 2022.
La información fue difundida mediante el reporte trimestral publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual desglosó las cantidades entregadas a cada Ayuntamiento, las fechas de pago y los criterios empleados para distribuirlas.
La Tesorería estatal aseguró que los recursos correspondientes a los municipios fueron depositados de manera exacta y oportuna, por lo que rechazó la existencia de la deuda señalada por los presidentes municipales.
“Es falso porque en Tesorería, acuérdense que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer lo que estamos pagando por cada uno de los fondos”, afirmó Ulises Carlín, encargado del despacho de la dependencia.
El funcionario sostuvo que la información es pública y puede ser revisada por cualquier ciudadano, además de señalar que una fiscalización reciente de la Auditoría Superior de la Federación no detectó irregularidades ni formuló observaciones.
Carlín atribuyó las variaciones registradas en algunas transferencias a una disminución de la recaudación federal, situación que, explicó, generó un efecto dominó en las finanzas de los Estados y los Municipios.
También indicó que existen partidas cuya entrega depende de la presentación y el avance de proyectos municipales, por lo que cada expediente deberá analizarse conforme a la Ley de Coordinación Hacendaria.
La publicación ocurrió después de que los Alcaldes acudieron al Palacio de Gobierno para exigir recursos por mil 700 millones de pesos, correspondientes a fondos, aportaciones, refrendos vehiculares y multas.
Encabezados por el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, los ediles advirtieron que podrían iniciar acciones administrativas, financieras y penales si el Gobierno estatal no entrega las cantidades que consideran pendientes.
Aunque el Estado negó cualquier adeudo y presentó el reporte como prueba de las transferencias realizadas, los municipios sostuvieron que los recursos reclamados corresponden a conceptos distintos y deberán ser revisados individualmente.
