El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación dictó la suspensión preventiva del cargo a Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en el marco de un procedimiento disciplinario administrativo. La medida cautelar se aplicó tras una serie de denuncias formales promovidas por trabajadores adscritos a dicha sede judicial y por representaciones sindicales, quienes señalaron a la juzgadora por conductas de hostigamiento e impartición de justicia mediante herramientas de inteligencia artificial para la elaboración y formulación de borradores de resoluciones.
De acuerdo con los antecedentes del expediente de supervisión, González Cortés asumió la titularidad del juzgado federal en septiembre de 2025. A las pocas semanas de haber tomado protesta, la funcionaria comenzó a enfrentar roces con la plantilla de trabajadores al rehusarse a mantener reuniones institucionales y al cancelar el proceso de basificación de una trabajadora, situación que desencadenó manifestaciones en las instalaciones del recinto. La jueza respondió interponiendo denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de la República en contra de los inconformes y del dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, escalando el conflicto a instancias de fiscalización interna.
Más allá de los seísmos administrativos y el clima laboral denunciado dentro del organigrama del Juzgado Tercero de Distrito, el elemento central que detonó la intervención del órgano disciplinario se relaciona con cuestionamientos a su desempeño técnico y rigor jurisdiccional. Colaboradores internos y reportes de seguimiento al desempeño judicial documentaron que la funcionaria utilizaba plataformas de inteligencia artificial generativa para la redacción de proyectos de acuerdos y sentencias definitivas. El Tribunal investiga si las plataformas procesaron expedientes con datos reservados y si la titular incurrió en la delegación de funciones analíticas indelegables, aprobando criterios procesales sin la debida fundamentación, revisión humana ni motivación jurídica obligatoria.
El caso de la jueza zacatecana, quien llegó al cargo tras ser postulada en el proceso de la reforma judicial y resultar electa en las urnas en junio de 2025, ha reabierto la discusión nacional respecto a la ética digital y los marcos regulatorios que deben imperar en los tribunales. Mientras la investigación indaga si el uso de la tecnología comprometió la legalidad y secrecía de los juicios de amparo a su cargo, el Tribunal de Disciplina Judicial mantendrá la suspensión temporal en tanto se emite el dictamen definitivo que determine si se imponen sanciones que van desde una amonestación pública hasta la destitución e inhabilitación permanente del servicio público.
