La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una presunta red dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas, identificada por las autoridades como “El Caballito” en Ciudad de México y el Estado de México.
En un operativo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ocho personas fueron detenidas durante las acciones realizadas en distintos domicilios relacionados con la organización criminal, señalada por presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal.
Las imágenes difundidas por las autoridades muestran un organigrama de la estructura delictiva, donde aparecen varios de los presuntos integrantes marcados como detenidos, así como el aseguramiento de inmuebles, vehículos y motocicletas utilizados presuntamente para las actividades ilícitas.
El golpe ocurre en medio de la ofensiva federal contra las llamadas empresas factureras o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), utilizadas para evadir impuestos, ocultar recursos y triangular dinero mediante operaciones aparentemente legales.
Durante las últimas semanas, la FGR y el SAT han intensificado las investigaciones contra redes de lavado vinculadas con compañías fachada.
Uno de los expedientes más relevantes involucra operaciones financieras por más de 9 mil 600 millones de pesos realizadas a través de empresas señaladas por el SAT como factureras, en lo que autoridades consideran uno de los mayores casos de lavado de dinero detectados en la última década.
Las investigaciones federales han documentado miles de depósitos y retiros bancarios realizados mediante empresas que carecían de autorización para operar como entidades financieras y que presuntamente simulaban actividades comerciales para justificar movimientos millonarios de recursos.
Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente el monto exacto de los recursos atribuidos a la red “El Caballito”, ni la identidad oficial de las ocho personas capturadas.
Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones y posibles vínculos con otros esquemas de evasión fiscal y lavado de activos.
El aseguramiento forma parte de la estrategia federal para combatir la delincuencia financiera, considerada una de las principales fuentes de recursos para redes de corrupción y crimen organizado en el país.
