Un tribunal de la ciudad de Shenzhen dictó sentencia de cadena perpetua en contra de Xu Jiayin —también conocido internacionalmente como Hui Ka Yan—, fundador y expresidente del gigante inmobiliario Evergrande, tras hallarlo culpable de encabezar una red de fraude contable a gran escala, falsificación de información financiera, captación ilegal de fondos, sobornos corporativos y desfalco. El fallo judicial incluyó además la confiscación total de sus bienes personales y la imposición de multas multimillonarias contra el grupo corporativo y su principal filial constructora, consolidando el castigo legal tras el colapso financiero de la firma.
Las investigaciones de las autoridades judiciales chinas determinaron que entre los años 2016 y 2021, la empresa incurrió en una alteración sistemática de sus libros contables para inflar artificialmente sus activos y ocultar un pasivo que alcanzó los 330 mil millones de dólares. Según la resolución, Xu aprovechó su posición directiva para desviar recursos crediticios, manipular dividendos y sobornar a funcionarios y entidades financieras con el fin de mantener a flote la estructura operativa de la corporación, alterando gravemente el orden económico del mercado y vulnerando los derechos de propiedad de miles de inversionistas.
Junto con la condena máxima aplicada al fundador, otros cinco altos ejecutivos del conglomerado recibieron penas de prisión que oscilan entre los 6 y 18 años, al tiempo que el tribunal aplicó una sanción de 8 mil 820 millones de yuanes (aproximadamente 1,311 millones de dólares) a Evergrande Group y de 7 mil millones de yuanes (unos 1,040 millones de dólares) a Evergrande Real Estate. El histórico fraude contable, calificado por especialistas como superior en magnitud al célebre colapso de la energética estadounidense Enron en 2001, provocó asimismo sanciones severas y suspensiones operativas para la firma auditora PwC.
La sentencia dictada contra Xu Jiayin, quien llegó a coronarse como el hombre más acaudalado de China antes de la crisis de liquidez de 2021 y la posterior orden de liquidación corporativa emitida por un tribunal de Hong Kong en 2024, marca un hito en las acciones punitivas impulsadas por el gobierno de Beijing contra las malas prácticas en el sector inmobiliario y financiero. Las autoridades locales informaron que continuarán las acciones de cobro e indemnización para resarcir las cuantiosas pérdidas económicas provocadas a los afectados por el quebranto.
