La controversia por la pérdida de un predio municipal de 120 hectáreas en Apodaca escaló al ámbito federal, luego de que el Congreso de la Unión solicitó revisar la actuación de las autoridades involucradas y esclarecer cómo un terreno valuado en alrededor de 700 millones de pesos terminó en manos de un particular.
La Comisión Permanente del Congreso exhortó a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a investigar la legalidad del proceso mediante el cual el municipio perdió la propiedad del terreno ubicado en la comunidad de Agua Fría, cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey.
El caso cobró relevancia tras los señalamientos de que el predio, donado al municipio durante la década de los 90 para fines comunitarios, fue adjudicado a un particular en 2019, durante la Administración encabezada por el entonces Alcalde César Garza Villarreal, padre del actual Edil César Garza Arredondo.
La petición fue impulsada por el Senador Waldo Fernández, quien sostuvo que la prioridad es esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades en el proceso.
“Si todo se realizó conforme a derecho, que se informe; si hay dudas, que se disipen; y si existen indicios de irregularidades, que las autoridades competentes actúen e investiguen”, señaló el legislador.
Fernández cuestionó además cuál fue el beneficio para el municipio tras la pérdida del inmueble, al considerar que se trata de una reserva territorial estratégica para el desarrollo de la ciudad.
El exhorto también contempla la participación del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León para aportar información técnica y documental sobre los movimientos relacionados con la propiedad.
La solicitud de investigación surge después de que diversos reportes periodísticos documentaran el litigio que derivó en la cesión del terreno.
Según las publicaciones, un particular reclamó la propiedad y obtuvo una resolución favorable en 2019.
Garza Villarreal ha sostenido públicamente que la actuación del municipio se realizó dentro del marco legal y que los acuerdos relacionados con el caso contribuyeron a proteger otros intereses patrimoniales de la Administración.
