El caso Next Energy no está cerrado.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este viernes que apelará la decisión de no vincular a proceso a cinco exfuncionarios de Aguascalientes por posibles irregularidades relacionadas con el contrato energético celebrado con esa empresa.
La dependencia sostuvo que existen elementos jurídicos que no fueron considerados por la autoridad judicial y aclaró que permanecen abiertas líneas de investigación sobre el uso de recursos públicos federales, el cumplimiento del proyecto y sus mecanismos financieros y comerciales.
La jueza federal Yuridia Bello Camacho resolvió no vincular a los cinco exservidores públicos por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Medios de Aguascalientes reportaron que la resolución consideró que el delito había prescrito y que el asunto había sido juzgado previamente. La FGR llevará ahora esa determinación ante una instancia superior.
El caso tiene conexión directa con Monterrey. Durante la Administración de Adrián de la Garza, el Municipio firmó en marzo de 2020 un contrato originalmente valuado en 7 mil 370.9 millones de pesos y a 30 años con el consorcio integrado por Next Energy de México, Constructora Maiz Mier y Eólica Santa Catarina, para generar energía limpia mediante una planta solar en Cerralvo que nunca se construyó.
El proyecto no se concretó en los términos originalmente pactados y atravesó modificaciones, litigios e incumplimientos durante las administraciones posteriores.
De la Garza ha rechazado que aquel contrato haya provocado pérdidas al Municipio y ha responsabilizado a la Administración de Luis Donaldo Colosio de haber modificado sus condiciones. En junio pasado, ya nuevamente como Alcalde, su Gobierno anunció la rescisión definitiva del acuerdo y aseguró que Monterrey terminó con saldo favorable y evitó obligaciones de pago por más de 3 mil 150 millones de pesos.
Sin embargo, el expediente regio también mantiene frentes abiertos. Morena presentó en junio una denuncia ante la FGR para que investigue posibles actos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones relacionados con el contrato firmado durante la gestión de De la Garza, incluida la posible utilización de recursos de origen federal.
Además, como publicó Veritas, el Gobierno de Monterrey clasificó en febrero como reservada por cinco años información financiera, jurídica y administrativa del contrato TES-271-2020, incluidos pagos, fideicomisos, auditorías, penalizaciones y responsabilidades administrativas.
La resolución de Aguascalientes no significó el cierre del expediente federal contra Next Energy: la FGR apelará y asegura que sus investigaciones continúan.
Y mientras eso ocurre, la misma compañía permanece ligada a uno de los contratos públicos más controvertidos de las administraciones de De la Garza en Monterrey.
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