A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar el aborto consentido a nivel nacional, en el estado de Tlaxcala las leyes locales aún no se han ajustado para reflejar y cumplir con ese mandato judicial.
Activistas y diversos colectivos en la entidad llevan años solicitando que el congreso local realice la armonización del Código Penal y la ley estatal de salud conforme a la jurisprudencia de la SCJN. Este ajuste legislativo es crucial, ya que permitiría a las mujeres y personas gestantes acceder a la interrupción del embarazo sin incurrir en un riesgo penal.
A la fecha, la despenalización del aborto voluntario en Tlaxcala permanece en pausa o sin concretarse, lo que la ubica entre las pocas entidades en México donde la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo criminalizada, ignorando el fallo de la SCJN. Organizaciones civiles y defensoras de derechos reproductivos advierten que esta omisión legislativa deliberada deja a las mujeres y personas gestantes en una situación de extrema vulnerabilidad, exponiéndolas a riesgos para su salud y negándoles el acceso garantizado a servicios de aborto legal.
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