El actor y director Justin Baldoni solicitó formalmente a un juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que desestime o reduzca drásticamente la petición de Blake Lively, quien exige el reembolso de más de 8 millones de dólares por concepto de honorarios de abogados y gastos judiciales. La defensa del cineasta calificó la estratosférica suma como desproporcionada y abusiva, argumentando que el equipo legal de la actriz infló los costos mediante prácticas de facturación excesivas, duplicidad de funciones entre despachos corporativos y un sobredimensionamiento injustificado de personal para resolver un litigio de perfil mediático.
La nueva confrontación legal, planteada formalmente por los representantes de Baldoni y su casa productora Wayfarer Studios, expone que los asesores jurídicos de Lively registraron un acumulado de 7,070 horas facturables distribuidas entre un ejército de 82 analistas y abogados. Para evidenciar lo desmedido de la solicitud de reembolso, la moción de Baldoni comparó la cifra demandada con las tasas promedio de la industria de la comunicación, recordando que en su momento el diario The New York Times requirió únicamente una compensación de 181,622 dólares tras lograr desechar de manera exitosa exactamente el mismo reclamo de difamación en una querella previa.
En la acera opuesta, los representantes legales de la estrella de Gossip Girl sostienen que la actriz tiene pleno derecho a recuperar la totalidad de las erogaciones financieras debido a que su representación logró desmantelar con éxito la contrademanda por 400 millones de dólares que el realizador había promovido en su contra. De acuerdo con las mociones de Lively, el volumen de la facturación responde de manera directa a la extrema complejidad del caso, las minuciosas fases de recolección de pruebas de archivo que involucraron la revisión de más de 7,000 folios internos y la intensa presión ejercida por la cobertura de los medios de comunicación a nivel internacional.
Las hostilidades en los tribunales entre los coprotagonistas de la adaptación cinematográfica It Ends With Us (Romper el círculo) comenzaron tras denuncias cruzadas sobre un presunto ambiente laboral hostil, represalias contractuales e invasión de la privacidad. Aunque el núcleo de la disputa legal y las demandas civiles se resolvieron de manera definitiva mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad extrajudicial, la resolución emitida por el juez Lewis Liman determinó que la actriz conservaba la facultad legal de reclamar la compensación de los gastos de su defensa técnica, prolongando la batalla de relaciones públicas y finanzas en los juzgados neoyorquinos.
La decisión final sobre el monto económico que deberá transferirse se encuentra en manos del tribunal federal, cuyo dictamen establecerá si Baldoni es obligado a sufragar la millonaria factura de manera íntegra, si se dictamina un ajuste sustancial a una cifra de seis dígitos o si se exime por completo al director de realizar desembolso alguno. La resolución de este conflicto arancelario marcará el cierre definitivo de uno de los capítulos judiciales más costosos, controvertidos e intensamente documentados por la prensa de la industria del entretenimiento de los últimos años.
