Ante presuntas irregularidades en la venta de 19 terrenos municipales por 43 millones de pesos, la Diputada local Marisol González informó que presentará una denuncia penal contra el Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava.
La legisladora de Movimiento Ciudadano señaló que la transacción aprobada por el Cabildo carece de sustento técnico y transparencia en el uso de recursos públicos.
“El valor de venta apenas supera el valor catastral. No hay proyectos claros sobre cómo se van a operar los espacios que se planean construir, ni una estadística que respalde su necesidad frente a otras prioridades del municipio”, afirmó González.
Según el proyecto, los fondos se destinarían a la construcción de centros de atención para personas con autismo y con problemas de adicciones.
El diputado panista Miguel Ángel García Lechuga criticó que se busquen nuevas obras cuando aún hay construcciones inconclusas, como el Parque Clouthier.
“Es un mugrero el Parque Clouthier. Invirtieron 100 millones de pesos y no se ve reflejado. Tampoco terminaron la fuente, el drenaje pluvial ni otros proyectos. ¿Cómo va a empezar más obras si no ha terminado las que prometió?”, cuestionó.
El coordinador del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, advirtió que vigilarán la operación de venta.
“Si va a haber una enajenación, también debe haber una compra de tierras para áreas verdes. Esto debe pasar por la Auditoría, porque requiere una revisión especial”, declaró.
Los terrenos se ubican en colonias como Parque Industrial El Obispo, Gamart, Milenium Primer Sector, Industrial Las Torres e Industrial Santa Catarina, entre otras.
No es la primera vez que la gestión de Nava enfrenta señalamientos. En noviembre de 2024, la Auditoría Superior del Estado (ASE) anunció que presentaría una denuncia por irregularidades en las cuentas públicas de Santa Catarina, tras detectar observaciones no solventadas por más de 273 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2023.
Además, en abril de 2023, desmintió una supuesta compra de terrenos en la zona de La Huasteca. Aunque se presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, la operación nunca se concretó.
La Fiscalía Anticorrupción podría iniciar procesos legales que incluyan sanciones administrativas, inhabilitación para ejercer cargos públicos o incluso penas privativas de libertad, dependiendo de la gravedad de las irregularidades encontradas.
